Las personas que vivimos con VIH sabemos que, en la actualidad, nuestro tratamiento está asegurado gracias a la Ley Nacional de Sida.

Las personas que no podemos acceder a un trabajo registrado, por diversas circunstancias, tenemos la seguridad de que el Estado nacional nos provee el acceso al tratamiento retroviral. Eso es un alivio, en muchos aspectos, ya que nos garantiza el acceso, junto con otras cuestiones, a un equilibrio saludable.

Todavía hay que trabajar para erradicar el estigma social que muchas veces conlleva está condición crónica de salud que, obviamente, no nos incapacita bajo ningún aspecto para realizar tarea alguna. Pero en este contexto, donde nos están negando derechos, se nos expone al riesgo de romper la adherencia al tratamiento, condición vital para que no afecte en nada a nuestra salud ni se ponga en riesgo nuestra vida.
Sin embargo, las políticas en materia de salud, que tienen que ver con recortes al presupuesto de la compra de medicamentos y con la falta de campañas de prevención, por citar dos graves ejemplos, llevan a que nuestra integridad como individuos esté en riesgo. No se puede simplemente reemplazar una medicación por otra. No podemos vivir continuamente con el temor a que los tratamientos sean vulnerados por la falta de recursos.

Hay muchos factores que pueden llevar a que unx no tenga la correcta adherencia y sobre esa cuestión es que, muchas veces, las organizaciones LGBT+ trabajamos para acompañar, asesorar, informar y prevenir. Para que cualquiera con VIH o que aún duda de hacerse un test sepa que no está solx.

Por eso no damos ni un paso atrás. Y ante la ausencia total de un Estado nacional que no oye ni actua ni previene, que redujo el Ministerio de Salud a Secretaría, que contínuamente juega con la vida de miles sin medir consecuencias, no queda más que hacernos oír, exigir, denunciar.

Es un Estado que nos hace también un imposible acceso a pensiones por VIH porque exige un certificado de discapacidad que sigue reforzando el estigma social que muchas veces nos ve como ciudadanxs de segunda.

No somos los únicxs afectadxs por esta administración del Gobierno nacional. Queremos que sepan que vamos a reclamar, a denunciar y a no permitir que continúen sembrando el temor y las dudas. Y sus «emparchadas» soluciones de última hora no nos harán callar.